La aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar busca generar condiciones más claras para impulsar proyectos en sectores como transporte, agua, energía, salud, desarrollo urbano, turismo y tecnología.
La nueva legislación abre la posibilidad de establecer esquemas de inversión conjunta entre el gobierno, el sector privado y el social, con reglas más definidas, contratos de largo plazo y mayor viabilidad financiera, con el objetivo de evitar que proyectos se queden detenidos.
Este marco cobra relevancia debido a que la inversión en México cerró 2025 en 22.9% del Producto Interno Bruto, por debajo de la meta de 24%, además de que el empleo en el sector de la construcción ha registrado retrocesos recientes.
El plan de infraestructura asociado a esta política contempla inversiones por 5.6 billones de pesos hacia 2030, lo que podría impulsar el crecimiento económico, el desarrollo regional y la generación de empleo.
El diputado federal Pedro Haces Barba señaló que el impacto de esta ley debe reflejarse en beneficios concretos para los trabajadores, al destacar que los proyectos de infraestructura activan cadenas productivas y abren oportunidades laborales.
Añadió que el reto no solo es atraer inversión, sino garantizar que esta se traduzca en empleo formal, bien remunerado y con capacitación, a fin de contribuir al desarrollo económico del país.
