La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una investigación contra el ex presidente de ese Máximo Tribunal por violaciones administrativas.
La actual presidenta de la Corte, Norma Piña, ordenó la investigación contra Zaldívar, hoy asesor de Claudia Sheinbaum, a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Se señala que tuvo responsabilidades administrativas entre 2019 y 2022, fórmese y regístrese el expediente de investigación J/108/2024 del índice de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Algunas cosas que hizo fueron: Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.
Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos, un ejemplo de los beneficiados, es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la judicatura federal, propuesta por el senado en dos mil veintiuno, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval.
Otra lista fue la de los propuestos para ser magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde el ejecutivo insistió en incluir a Netzaí Sandoval y al juez Artemio Zúñiga. Obligaron a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinar de ponencia.
En otros casos, modificaban los turnos de los asuntos para que conocieran de ellos los jueces que eran de su confianza. Usó al Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual era titular Netzaí Sandoval Ballesteros, para presionar a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses
