Un juez federal ha emitido un fallo crucial para salvaguardar la vida de los habitantes de Tierra Caliente, en Michoacán, ante la creciente amenaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha sembrado minas en la región. Esta decisión busca prevenir el «desplazamiento forzado» de los residentes, quienes viven con el temor constante por su seguridad.
El juez Sergio Santamaría Chamú, del Primer Distrito en Michoacán, instó a las fiscalías generales de la República y del Estado de Michoacán a dar inicio a investigaciones formales por el delito de “terrorismo”. En su resolución, destacó la necesidad de colaboración entre las autoridades para implementar programas de asistencia que garanticen la seguridad y bienestar de los ciudadanos en diversas comunidades afectadas.
De acuerdo con el artículo 17 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949 y en consonancia con las normas internacionales y principios humanitarios, el juez subrayó que es imperativo tomar medidas para evitar el desplazamiento forzado derivado de la colocación de artefactos explosivos. La presencia de minas representa un grave riesgo que podría llevar a los pobladores a abandonar sus hogares y trabajos, como ha sucedido con varias mujeres en Aguililla.
“Es fundamental que se realicen esfuerzos significativos para la atención y rehabilitación de las víctimas de minas, incluyendo su reintegración social y económica”, resaltó. Para ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que instruya a las secretarías competentes para que implementen acciones concretas en beneficio de las víctimas.
Asimismo, se exhortó a las fiscalías generales a demostrar que han iniciado las investigaciones pertinentes por el delito mencionado. En caso contrario, deben proceder con las acciones necesarias conforme al Código Penal Federal.
El Estado Mexicano ha ratificado tratados internacionales que prohíben el uso y producción de minas antipersonal, comprometiéndose a no desarrollar ni almacenar este tipo de artefactos explosivos. La situación actual en Michoacán exige una respuesta urgente y efectiva para proteger a sus habitantes y garantizar su seguridad.
