La aprobación de la reforma al artículo 127 constitucional establece límites a las pensiones en el sector público, con el objetivo de corregir desequilibrios y evitar esquemas considerados excesivos, conocidos como “pensiones doradas”.
La medida plantea que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el ingreso máximo establecido para el servicio público, con lo que se busca alinear los criterios de retiro bajo principios de responsabilidad y equilibrio institucional.
Este ajuste se da en un contexto en el que el gasto en pensiones representa uno de los rubros más relevantes del presupuesto nacional, además de enfrentar presiones derivadas del envejecimiento de la población, lo que hace necesario avanzar hacia sistemas más sostenibles.
El diputado federal Pedro Haces Barba respaldó la reforma al señalar que se trata de una medida para poner orden en el uso de los recursos públicos y evitar privilegios por encima del interés general.
Indicó que el reto también consiste en garantizar que el sistema de pensiones mantenga su función como un derecho para los trabajadores, asegurando condiciones justas y sostenibles que no generen desigualdades.
