La Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México se encuentra en estado crítico, víctima de un presunto desfalco millonario perpetrado por Alfredo Hernández y Andrés Gamos, directivos de la operadora a la que se le concesionó la ruta. La Secretaría de Movilidad capitalina, en lugar de actuar con la contundencia que la situación exige, parece mirar para otro lado mientras el servicio se deteriora y los verdaderos socios, los trabajadores, son los que pagan las consecuencias.
Un juez ya ordenó la devolución de la operación de la Línea 7 a Operadora Bicentenario, decisión que la Secretaría de Movilidad, encabezada por Héctor García, se niega a acatar. Esta inacción es inexplicable, sobre todo considerando las pruebas que evidencian el desfalco y el pésimo estado de las unidades. Las unidades, en su mayoría obsoletas y sin mantenimiento, reflejan la falta de inversión y la prioridad que se le ha dado al lucro ilícito por encima del servicio público. ¿Hasta cuándo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, permitirá esta situación? ¿Acaso la impunidad es la norma para quienes lucran con el transporte público?
La negligencia de la Secretaría de Movilidad no solo ha permitido el desfalco, sino que ha contribuido al deterioro acelerado de la Línea 7. El resultado es un servicio deficiente que afecta directamente a miles de usuarios. Hernández y Gamos, responsables de este descalabro, deben ser llevados ante la justicia y obligados a restituir los bienes a los legítimos concesionarios. La ciudadanía exige una respuesta inmediata y contundente de las autoridades: el Metrobús no puede seguir siendo rehén de la corrupción. Es hora de que la Secretaría de Movilidad cumpla con su deber y actúe en beneficio de los usuarios y no de los intereses privados. La recuperación de la Línea 7 es una cuestión de justicia y de eficiencia en el servicio público.
