El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que presenta una visión parcial y omite los avances alcanzados en el país en el combate a este delito.
La cancillería sostuvo que las conclusiones del organismo internacional no corresponden con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité, ni reflejan los esfuerzos institucionales implementados en los últimos años. Señaló que el informe es “parcial y sesgado”, al centrarse en periodos anteriores y no incorporar los cambios realizados desde 2019 y, en particular, los impulsados recientemente.
Asimismo, el gobierno mexicano rechazó que en el país exista una política de Estado orientada a la desaparición forzada, y calificó como inaceptable cualquier insinuación en ese sentido. Reiteró que este delito es combatido mediante una estrategia nacional basada en la prevención, investigación y sanción, además de mecanismos de búsqueda e identificación de personas.
La SRE también defendió que México mantiene apertura al escrutinio internacional y disposición al diálogo con organismos de derechos humanos, pero subrayó que las evaluaciones deben sustentarse en información objetiva y completa.
El posicionamiento se da luego de que el Comité de la ONU planteara llevar la situación de desapariciones en México ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de que este fenómeno podría presentarse de manera generalizada o sistemática, lo que fue rechazado por el gobierno federal.
