Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres advirtieron que sus compañeros ministros podrían ser sancionados con juicio político por suspender sus actividades, y también podrían enfrentar cargos penales por corrupción al cobrar salarios sin cumplir con sus funciones.
En un comunicado, las ministras expresaron su postura tras una sesión en la que los ministros votaron a favor de unirse al paro de labores que realizan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ante la inminente reforma judicial.
«Nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia», declararon.
Las ministras señalaron que, según el artículo 109, fracción I, de la Constitución, los ministros pueden ser destituidos e inhabilitados mediante juicio político si, en el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales. Además, el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que es responsabilidad del servidor público cumplir con sus funciones, y no se prevé la figura del paro de labores para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agregaron que el personal de confianza no tiene derecho a la huelga, según la jurisprudencia 118/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte. Por lo tanto, los ministros no pueden suspender la prestación del servicio público encomendado por la Constitución. También subrayaron que el Código Penal considera delito de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público o recibir un pago indebido sin derecho a ello. En consecuencia, quienes votaron a favor del paro deberían haber renunciado a sus remuneraciones como ministros.
Finalmente, Esquivel, Ortiz y Batres señalaron que, una vez tomada la decisión de suspender las labores, propusieron continuar sesionando a distancia, ya que hay una lista de 28 proyectos distribuidos en el Pleno y en las Salas, además de otras dos listas con un total de 200 asuntos.
Destacaron que el artículo 17 constitucional garantiza el derecho de las personas a la impartición de justicia en plazos y términos fijados por la ley, y que la Suprema Corte, como cabeza del Poder Judicial, tiene la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta y garantizar el acceso a la justicia en México
