El diputado de Morena en la Camara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales en México debe abordarse desde una visión técnica, socioeconómica y de sustentabilidad que privilegie el bienestar y la seguridad energética del país.
Subrayó que, frente a la volatilidad internacional, es imprescindible contar con reglas claras que permitan aprovechar oportunidades económicas sin comprometer los recursos naturales ni a las comunidades.
El legislador explicó que, con un marco fiscal y de inversión adecuado, la explotación responsable puede convertirse en una fuente relevante de ingresos públicos y en un detonador de cadenas productivas locales —con impacto en la construcción, servicios especializados, transporte y manufactura—.
Estudios técnicos estiman una contribución potencial del orden de 53 mil millones de pesos anuales por derechos, impuestos y actividad asociada; sin embargo, esa cifra sólo se concretará si se garantizan regímenes que prioricen la redistribución local y regional y si se acompaña la actividad con inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento, plantas de tratamiento y el fortalecimiento institucional para la supervisión y gestión ambiental.
Ramírez Cuéllar señaló que, para que la explotación de yacimientos no convencionales sea viable, es imprescindible cubrir un conjunto de condiciones técnicas, institucionales y fiscales que garanticen seguridad operativa, protección ambiental y beneficios regionales.
En este sentido, el diputado planteó que deben cumplirse los siguientes puntos: marco normativo integral, aprobación de una ley sectorial que fije permisos, criterios técnicos, límites operativos, obligaciones ambientales y sanciones efectivas, con la intervención obligatoria de las autoridades de medio ambiente y agua.
Así como requisitos operativos y técnicos, exigencia de peritajes independientes, sistemas de integridad de pozo, planes de manejo de químicos, plantas de tratamiento y protocolos de reciclaje de fluidos antes de otorgar permisos.
Además de protección hídrica y manejo de residuos, planes vinculantes de uso eficiente, reciclaje y reúso del agua, gestión certificada de lodos y disposición final controlada, junto con monitoreo permanente de cuerpos de agua y aire.
Tambien, dijo, que gobernanza y transparencia, comités de vigilancia local, auditorías ambientales independientes, publicación en tiempo real de datos operativos y financieros, y un sistema de inspección con potestad sancionadora.
Y distribución justa de beneficios, creación de un fondo regional que canalice parte de los ingresos a infraestructura local, capacitación y programas de empleo; cláusulas contractuales que exijan contenido local, formación técnica y transferencia tecnológica.
Ramírez Cuéllar afirmó que México no puede renunciar a su soberanía sobre los recursos ni a la protección del medio ambiente.
Abogó por una política pública que combine prudencia técnica, fortalecimiento institucional y justicia económica.
“La exploración puede ser una oportunidad si y solo si se acompasa con responsabilidad ambiental, transparencia y reparto real de beneficios para las comunidades”, apuntó.
Finalmente añadió que la explotación de yacimientos no convencionales debe ser objeto de una decisión pública informada y regulada.
“El reto es construir un marco que convierta la posibilidad de recursos adicionales en una palanca de desarrollo regional, empleo y bienestar, sin sacrificar la integridad de los ecosistemas ni los derechos de las comunidades”, concluyó.
