La diputada del Partido Acción Nacional, Liz Salgado, anunció que presentará un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno de la Ciudad de México un informe detallado sobre la pintura aplicada en calles, puentes y bajo puentes, luego de que la Secretaría de Obras y Servicios reconociera que algunos trabajos deberán corregirse por no apegarse a la normatividad vigente.
La legisladora explicó que el objetivo es que las autoridades capitalinas informen de manera clara sobre la planeación, contratación, ejecución, supervisión y corrección de estas intervenciones en distintos espacios públicos, incluidos puentes vehiculares, peatonales y cruceros.
Señaló que el tema no puede reducirse a una explicación breve o a un error atribuido a una empresa contratista, ya que existen recursos públicos, decisiones técnicas y responsabilidades institucionales que deben ser aclaradas.
Indicó que es necesario conocer el monto destinado a estas acciones, los contratos involucrados, las empresas participantes, las dependencias responsables de autorizar los trabajos y el costo que implicarán las correcciones que ya fueron anunciadas.
Salgado subrayó que el debate no se centra en el color de la pintura o las imágenes urbanas, sino en las prioridades del gasto público y la rendición de cuentas. Añadió que mientras se realizan intervenciones estéticas, persisten problemas como inundaciones en bajo puentes, falta de mantenimiento estructural en puentes y la presencia de baches en vialidades.
Asimismo, recordó que la propia autoridad reconoció irregularidades en la aplicación de la pintura, lo que refuerza la necesidad de transparentar todo el proceso, desde su origen hasta las acciones correctivas en curso.
La diputada adelantó que la propuesta también contempla solicitar la intervención de la Secretaría de la Contraloría General para revisar las actuaciones relacionadas con estos trabajos y verificar que los recursos públicos se hayan ejercido conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién tomó las decisiones, cuánto costaron las obras y cuáles fueron sus resultados.
