En México, la operación de máquinas tragamonedas ilegales se ha extendido en comercios, bares y espacios comunitarios, pese a estar prohibidas, lo que ha convertido este fenómeno en un problema de seguridad que afecta a familias y comunidades.
Aunque en muchos casos se perciben como una actividad recreativa, estas máquinas funcionan fuera del marco legal, sin supervisión ni controles, y en ocasiones con acceso para niñas, niños y adolescentes.
Autoridades han identificado esta práctica como una fuente relevante de ingresos ilícitos, vinculada a delitos como extorsión, fraude y lavado de dinero, con ganancias que pueden alcanzar cifras millonarias de forma semanal.
Datos oficiales señalan que entre enero de 2024 y marzo de 2026 se han asegurado más de 2 mil 147 máquinas tragamonedas ilegales en el país, lo que refleja la dimensión del problema y la persistencia de estas redes.
En este contexto, el diputado federal Pedro Haces Barba presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el objetivo de reforzar el marco legal y cerrar vacíos que han permitido la operación de estos dispositivos.
“No es un tema de juego, es un tema de seguridad. Estas máquinas operan al margen de la ley, afectan a las familias y generan condiciones que favorecen actividades delictivas. No podemos seguir normalizándolo”, señaló.
Actualmente, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe las máquinas tragamonedas; sin embargo, dicha prohibición no está establecida de forma explícita en la ley, lo que ha permitido la interposición de amparos.
La propuesta plantea elevar esta prohibición a rango legal, actualizar sanciones y establecer responsabilidades claras para quienes distribuyan, instalen, operen o financien estos dispositivos, así como para quienes permitan su funcionamiento en establecimientos o los protejan desde el servicio público.
“Se trata de dar certeza jurídica y de fortalecer al Estado para actuar con claridad. No podemos permitir que actividades ilegales sigan operando en espacios comunitarios como si fueran algo normal”, afirmó el legislador.
El planteamiento también incluye sanciones contra quienes coaccionen a comerciantes para instalar estas máquinas mediante amenazas o violencia, así como contra servidores públicos que toleren o faciliten su operación.
El legislador advirtió que el problema no solo es legal, sino también social, al señalar que estas prácticas afectan la economía de las familias, generan riesgos de adicción —especialmente en menores— y deterioran el tejido social.
Con esta iniciativa se busca fortalecer el Estado de derecho, proteger a las familias y frenar la expansión de economías ilegales que operan en distintos puntos del país.
