Una denuncia por despojo de inmueble en el municipio de Coacalco, Estado de México, permanece detenida desde hace ocho meses debido a presuntas irregularidades en el actuar de un perito oficial adscrito a la Fiscalía de Ecatepec, según denunció la parte afectada.
De acuerdo con la carpeta de investigación ECA/ECA/ECA/034/050616/23/02, la víctima, identificada como Ivon, fue despojada de un inmueble ubicado en la zona, luego de que el imputado, identificado como L.G.M.L., presuntamente elaborara un contrato de arrendamiento con datos alterados para evitar la correcta identificación del predio en disputa.
Un dictamen de agrimensura realizado por un perito particular estableció, con base en mediciones físicas y registros oficiales, que el inmueble corresponde al número 444 letra B, mientras que el imputado refiere ocupar el 444 letra A, lo que habría generado confusión legal en el caso.
Sin embargo, el perito oficial designado, Saúl Garay Sánchez, solicitó que tanto la víctima como el imputado presenten dictámenes adicionales elaborados por peritos particulares, condición que la defensa considera inviable, ya que la afectada no tiene acceso al inmueble y el acusado difícilmente emitiría un documento que lo incrimine.
La parte denunciante acusa que esta exigencia ha derivado en un presunto esquema de cobros indebidos, donde se sugieren peritos particulares con costos de hasta 10 mil pesos por dictamen, situación que ha impedido la judicialización del caso desde septiembre de 2025 y ha motivado quejas ante la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción sin que, hasta el momento, se reporten avances.
