Fraudes procesales, prácticas de subcontratación prohibidas por ley y deficiencias en la litigación oral son algunos de los retos que enfrentan los jueces laborales en la Ciudad de México, reconoció Claudia Celis García, titular del Segundo Tribunal Laboral de Asuntos Individuales del Poder Judicial capitalino.
Durante un balance de los primeros años de operación del nuevo sistema de justicia laboral en la capital —vigente desde octubre de 2022— la juzgadora advirtió que aún persisten “vicios” heredados del modelo anterior, los cuales siguen afectando el debido proceso en los tribunales.
Uno de los problemas más frecuentes, dijo, es el fraude procesal, como la falsificación de documentos para simular renuncias voluntarias, así como la firma de renuncias anticipadas como condición para obtener empleo. También señaló que, pese a la prohibición legal, la subcontratación o outsourcing continúa en la práctica, lo que obliga a los tribunales a “levantar el velo” y responsabilizar solidariamente a los empleadores reales.
Celis García también advirtió sobre la falta de preparación de algunos abogados que combinan la práctica en las juntas de conciliación con la nueva dinámica de juicios orales, lo cual afecta la calidad de la defensa y retrasa los procesos.
Pese a estos retos, destacó que el nuevo modelo judicial ha permitido avanzar en la garantía de los derechos laborales, especialmente con la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en todas las decisiones. No obstante, recalcó que el Estado mexicano aún tiene una tarea pendiente para fortalecer la protección de las personas trabajadoras, en particular de aquellas en la informalidad o en situación de migración.
