Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso de seis a 11 años de prisión a quienes cometan fraudes inmobiliarios, pues es un delito en contra del derecho a adquirir una vivienda digna.
Al hacer uso de la tribuna, la presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, Ana Buendía García consideró necesario agravar este ilícito con una reforma al Código Penal local.
Añadió que el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un desafío por el encarecimiento del mercado inmobiliario por diversos factores como: la alta demanda, la limitada oferta de terrenos y la especulación inmobiliaria.
“Como resultado, los precios de las viviendas han aumentado significativamente y propiciado delitos, ofreciendo propiedades en venta o alquiler a precios sorprendentemente bajos”, dijo.
Indicó que estos fraudes se facilitan con la suplantación de identidad y también que los delincuentes usan tecnologías para crear documentos falsos y hacerse pasar por propietarios legítimos.
Al mismo tiempo, expresó que con los remates bancarios, empresas fraudulentas anuncian inmuebles a precios atractivos para atraer a compradores incautos, a quienes solicitan un adelanto o incluso el pago total de la propiedad sin que los compradores verifiquen la autenticidad de la oferta y cuando reciben, el dinero desaparecen.
Expuso que la iniciativa propone adicionar una fracción XVII al artículo 231 del Código Penal para la Ciudad de México, en materia de fraude.
Esta adición penalizaría de 6 a 11 años de prisión o de acuerdo al valor de lo defraudado en el artículo 230, para establecer que, «con la intención de obtener un beneficio económico indebido, engañe, simule, manipule, venda o pretenda hacerlo, o induzca al error a otra persona respecto a la existencia, condiciones, valor o derechos sobre inmuebles ofrecidos en subasta o remate por instituciones bancarias o financieras.»
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.
