Luego de haber expresado su apoyo total a la presidenta y al llamado Plan B de reforma electoral, el Partido del Trabajo (PT) reculó y condicionó su respaldo a que se realicen ajustes específicos en el apartado de revocación de mandato.
El partido señaló que existen ambigüedades en la redacción de la iniciativa, particularmente en lo relacionado con la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo promueva la consulta, lo que podría generar condiciones de inequidad en el proceso.
De acuerdo con el senador Alejandro González Yáñez, uno de los principales puntos de preocupación es que no queda claro si los partidos políticos también podrían participar en la promoción en igualdad de condiciones.
“El problema es que ahí viene la posibilidad de que la Presidenta haga promoción, pero es ambiguo si los partidos políticos pueden hacer o no promoción”, explicó.
En ese sentido, el PT planteó que, de mantenerse esta disposición, se debe permitir la participación de los partidos para evitar desequilibrios en la contienda.
Otro de los aspectos que el partido pidió precisar es el momento en que se realizaría la consulta de revocación, ya que la iniciativa contempla distintas temporalidades que generan incertidumbre jurídica.
El legislador advirtió que estas inconsistencias deben corregirse antes de avanzar en el proceso legislativo, por lo que el partido no definirá su postura final hasta que se realicen los ajustes necesarios.
Asimismo, el PT subrayó que su respaldo es determinante para la aprobación de la reforma, por lo que llamó a construir consensos dentro del bloque oficialista.
Las negociaciones continúan entre las fuerzas políticas, en medio de un debate sobre los alcances del Plan B y sus implicaciones en materia de equidad electoral y reglas de participación política.
El pasado 15 de marzo, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo participó en una conferencia informativa realizada en la Secretaría de Gobierno, donde expresó públicamente su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la iniciativa del denominado Plan B en materia electoral, posicionamiento que ahora contrasta con las reservas planteadas por el propio partido en el proceso legislativo.
