La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no tiene ninguna obligación legal de mantener vigilancia especial sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, pese a que cuentan con fichas rojas de la Interpol.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal descartó que exista una “vigilancia particular” hacia los acusados y sostuvo que las fichas rojas emitidas por Interpol no obligan automáticamente al Estado mexicano a desplegar operativos de seguimiento o detención, especialmente mientras no existan órdenes judiciales nacionales o elementos suficientes dentro del marco legal mexicano.
Las declaraciones ocurren en medio de las presiones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados en investigaciones por presuntos nexos con grupos del crimen organizado. Entre los acusados figura Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo mientras enfrenta investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.
En días recientes, autoridades mexicanas también confirmaron el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con algunos de los señalados, como parte de indagatorias financieras derivadas de solicitudes estadounidenses. Sin embargo, el gobierno federal ha insistido en que cualquier acción judicial deberá sustentarse en pruebas suficientes y conforme a la legislación mexicana.
La presidenta reiteró que México no protegerá a ninguna persona involucrada en actos ilícitos, pero insistió en que el país actuará con apego a la soberanía nacional y al debido proceso, ante las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.
